El
laboratorio que tiene la patente le ha puesto un precio desorbitado difícil de
asimilar, pero que es fruto de una lógica que considera que la responsabilidad
de cualquier empresa es conseguir los máximos beneficios posibles para sus
accionistas.
En
el último tercio del siglo XX, el mundo empresarial norteamericano se vio
impregnado por una corriente de pensamiento que abogaba por la responsabilidad
moral y social de las empresas con la comunidad, ya que los comportamientos
éticos aumentaban las probabilidades de triunfar en un mercado muy competitivo.
Pero
parece que la historia ha vuelto a situar a las grandes multinacionales en una
posición de fuerza, tanto ante los gobiernos como ante los consumidores, en la
que ya no necesitan mantener comportamientos éticos para incrementar los
beneficios.
Así
que los procesos de autorización de los nuevos fármacos, su inclusión en las
prestaciones del sistema nacional de salud e incluso, la indicación y
prescripción de cada caso concreto, van a poner a los sistemas públicos ante la
obligación moral de utilizar los impuestos para financiar medicamentos que
curan, sin tener una solución clara para cuadrar los presupuestos.
Es
por esto que, utilizar esos mismos impuestos para financiar medicamentos en
situaciones concretas, para las que no está tan clara la eficacia, también son
decisiones con repercusiones morales. El uso de antidepresivos para estados de
ánimo tristes sin diagnóstico claro, de hipolipemiantes sin antecedentes de
infarto, o de omeprazol como si realmente fuera un protector gástrico, son
ejemplos que deben hacernos reflexionar. Y lo mismo ha ocurrido con la rápida
generalización de las novedades terapéuticas que realmente no han aportado nada
nuevo, incluso, se han usado medicamentos experimentales no probados todavía en
humanos, como ha sucedido recientemente en los casos importados de Ébola.
Una
breve mirada a la prescripción de medicamentos, desde la perspectiva de los
valores de la Bioética ,
nos lleva a recordar que la beneficencia en el uso de medicamentos se
sustenta en la premisa de que solo se deben usar fármacos que realmente hayan
demostrado, mediante el conocimiento científico, que hacen el bien; que hayan
demostrado, de forma fehaciente, que los resultados globales de los pacientes
que reciben una sustancia son mejores que los que no la reciben.
La
no maleficencia consiste en evitar que un producto farmacéutico sea el
que cause el mal. Las distintas fases que obligatoriamente deben cumplir tienen
como finalidad, precisamente, evitar que causen el mal. La normativa de
vigilancia, incluyendo el visado que necesitan algunos fármacos, no es una mera
traba burocrática, sino que ha sido fruto de una sucesión de casos reales en
los que los medicamentos fueron tan dañinos como las propias enfermedades para
las que fueron ideados.
La
autonomía del paciente recoge el derecho que tiene una persona para
decidir si acepta un tratamiento, para lo que es imprescindible que la
información que maneje sea objetiva. A veces las estrategias de venta minimizan
los riesgos y exageran los beneficios para crear una corriente de opinión
pública favorable.
En
cuanto a la justicia, hay que tener en cuenta que los recursos
siempre son finitos mientras que las necesidades siempre son infinitas. Una
distribución de recursos públicos justa tiene que compaginar el principio de
igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para acceder a un fármaco,
con el principio de eficiencia que utiliza criterios de racionalidad económica
para que el gasto pueda ser asumible para la sociedad. Los recursos que se
emplean en medicamentos no se pueden gastar en otras intervenciones que también
tienen impacto sobre la salud, no solo en el ámbito sanitario, ya sea en
profesionales, infraestructuras o tecnología, sino en otros muy distintos que
también son determinantes, como por ejemplo la educación o las carreteras.
Lo
que está claro es que los escenarios complejos como este necesitan
deliberaciones que se mantengan alejadas de la arbitrariedad o la
simplificación. Así que, asumir criterios clínicos rigurosos en todas y cada
una de las decisiones, tanto en la Hepatitis C como en el resto de las enfermedades,
es la única forma de hacer que el conocimiento se convierta en el verdadero
valor moral que guíe el reparto de los recursos.
Publicado en Diariosur el 21 de enero de 2015
Publicado en Diariosur el 21 de enero de 2015
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