Según la información recogida por The Independent, los fumadores tendrán que dejar de fumar y los obesos tendrán que dejar de serlo para poder operarse en el NHS, el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. El director de uno de los proveedores sanitarios afirma que de alguna manera tienen que cuadrar las cuentas, los recursos no son suficientes para cubrir los gastos.
No es la primera vez que se escuchan estos planteamientos. A lo largo de su historia, el NHS ha sido a menudo punta de lanza en distintas controversias ideológicas. El Laborismo de posguerra consolidó la idea del Estado como benefactor y responsable de las necesidades básicas de los ciudadanos. Sin embargo, en los años de Liberalismo de Margaret Thatcher prosperó el planteamiento de que lo público era poco eficiente y que un exceso de protección daba lugar a personas débiles que no luchaban para arreglar por si mismas sus problemas. La vuelta del Laborismo de Tony Blair y Gordon Brown supuso una actualización de la apuesta por lo público, pero para evitar los problemas de ineficiencia de la primera etapa, incorporaron mecanismos de competencia propios de la empresa privada, como el salario variable para los empleados públicos en función de resultados, y también se intentó responsabilizar a los ciudadanos con su propia salud y con el uso de los servicios sanitarios. En este contexto ya se escuchó la propuesta de no dar determinados servicios a los fumadores. Y de nuevo estamos en la etapa conservadora con su propia visión sobre lo público y sobre la responsabilidad individual.
Vistos desde nuestro país, estos planteamientos producen perplejidad y más cuando, para nosotros, el NHS británico ha sido siempre nuestro hermano mayor, el metro patrón con el que compararnos. Y es que la idea de que la igualdad de oportunidades para acceder a la asistencia sanitaria es un valor que hay que proteger ha sido, hasta ahora, uno de los paradigmas que ha guiado el diseño de nuestro sistema sanitario. Además, considerar la obesidad y el tabaquismo como simples opciones individuales que no están determinadas por otros factores sociales, parece una falacia. De hecho, los hábitos de vida saludables no se distribuyen de forma homogénea entre toda la población, sino que los datos muestran que las personas con menos ingresos y con menos estudios tienen más posibilidades de terminar fumando y siendo obesas, por lo que dificultarles además el acceso a los servicios sanitarios sería una tremenda injusticia incompatible con el respeto a los valores morales mayoritariamente aceptados.
Claro que, como lleva años explicando el profesor Diego Gracia desde su magisterio de Bioética, para tomar decisiones justas sobre el destino de los recursos públicos hay que tener en cuenta tanto los principios morales como las consecuencias, incluidas las consecuencias económicas, ya que el gasto que generen las prestaciones debe de ser asumible para la sociedad. Un difícil equilibro entre los principios y los recursos. Difícil porque los primeros nos llevan a plantear necesidades infinitas, mientras que los segundos siempre son finitos, tanto en las épocas prósperas como en las crisis.
Ya en el siglo XIX, mucho antes de la proliferación de las enfermedades crónicas y de las innovaciones tecnológicas y terapéuticas, y mucho antes también de que se vislumbrara el cambio de época que estamos viviendo, economistas alemanes elaboraron las leyes de la evolución de los bienes de consumo al observar que a medida que aumentaba el presupuesto, el porcentaje utilizado para bienes alimenticios disminuía, el destinado a bienes de confort permanecía estable, mientras que el porcentaje para servicios aumentaba. Los servicios sanitarios se comportan pues como bienes de consumo que cumplen la tercera ley, por lo que lo esperado es que crezcan más que la riqueza de un país.
Aunque para ser justos con el NHS, hay que decir que desde el Reino Unido también han surgido iniciativas que abordan de forma respetuosa el binomio de principios y recursos. Ya que después de una larga historia encaminada a medicalizar todos los aspectos de la vida con diagnósticos, pruebas y medicamentos, el “Do not do” del National Institute Clinical Excelence, inspirado en la experiencia norteamericana y que ya ha sido asumido por la mayoría de las sociedades científicas de nuestro país, propone dejar de hacer cosas, dejar de prescribir fármacos y dejar de indicar pruebas diagnósticas cuyos beneficios no estén suficientemente contrastados por la ciencia. Y es que la actividad sanitaria innecesaria no mejora la salud y es terriblemente injusta para el bien común, e injusta también para los obesos y para los fumadores.
Publicado en Diario Sur el 1 de Octubre de 2016
