Sin atenuantes

Una vez por la calle, fui el protagonista de un atraco a punta de navaja. Tiempo después, coincidí con el atracador en un ascensor del hospital. Llevaba puesto el pijama de enfermo y un celador lo conducía en una silla de ruedas. No daba ninguna sensación de peligro. Mas bien parecía desvalido y frágil ante la enfermedad, invisible entre el trasiego de los que entrábamos y salíamos ocupados con las tareas propias de un día de trabajo.

Y es que todavía hoy, los hospitales son instituciones ante las que una persona se empequeñece, casi olvida que es un individuo con historia y circunstancias, y se entrega con esperanza a la lógica que marcan los procedimientos de ingreso encaminados a diagnosticar, curar y cuidar.

Algo parecido, incluso más extremo, sucede en los juzgados, donde las pautas de funcionamiento parecen rituales ante los que solo cabe la aceptación, incluso son necesarios abogados que hagan de intermediarios entre el ciudadano y la institución.

La medicina y la enfermería que se practican en los centros de salud y consultorios, en los domicilios de los pacientes, en las urgencias de la calle y, casi también en las urgencias del hospital, tienen más atenuado ese halo institucional. De hecho, su principal razón de ser es, precisamente, prestar asistencia sanitaria en la comunidad, en el medio donde se desarrolla la vida real de las personas con sus condicionantes familiares, laborales y sociales.

Y claro está, en la vida real también hay amenazas, coacciones y agresiones a las que los profesionales sanitarios, igual que los trabajadores de otros servicios públicos, no son inmunes. Cuando ocurre algún incidente de este tipo, la perplejidad es tremenda porque parecen acciones incompatibles con el ideario de lo que debe ser la relación entre un médico y un paciente, entre un profesional sanitario y un enfermo.

El profesor Diego Gracia cuenta, en sus conferencias sobre profesionalismo y Bioética, que el origen de las profesiones no es el mismo que el de los oficios, más relacionados con el desempeño de una tarea manual. Las profesiones estaban reservadas para aquellas funciones más nobles de la sociedad, como la salud del cuerpo, la salud del alma y las leyes. Médicos, sacerdotes y gobernantes o jueces. A cambio del bien que otorgaban, se les compensaba con ciertos privilegios como la infalibilidad, es decir, sus decisiones eran consideradas como irrefutables por lo que nadie podía debatir sobre su saber ni sobre su práctica, sino que eran aceptadas como verdad indiscutible.

Hoy la palabra profesión se usa más bien para designar una ocupación que requiere una formación teórica específica. Y en cuanto a las decisiones irrefutables, la Revolución francesa transformó, no sin violencia, a los súbditos en ciudadanos, y con el paso del tiempo se han ido estableciendo mecanismos de defensa contra la arbitrariedad. En el caso de la medicina, la autonomía del paciente para decidir si acepta una prueba diagnóstica o un tratamiento tiene respaldo legal que se materializa en la obligatoriedad de consentimiento informado.

Pero la esencia de la relación de un médico con un paciente sigue siendo la confianza que se establece sobre estos pilares: procurar el bien y evitar el mal. Beneficencia y no maleficencia. Por eso los casos de agresiones a sanitarios, aunque sean aislados, hacen que tiemble la esencia de esa relación, porque el trueque de bien por mal es difícil de aceptar. La medicina defensiva, la complacencia ante demandas inadecuadas o la dificultad para tomar decisiones ante enfermos potencialmente conflictivos son conductas profesionales que pueden brotar en estas circunstancias.

Los planes puestos en marcha en los centros sanitarios ante las agresiones contemplan, tanto medidas preventivas que eviten y mejoren el manejo de situaciones conflictivas, como actuaciones concretas en caso de incidentes que incluyen acciones legales contra los agresores. Pero no se puede ignorar que, igual que ocurre en otros casos de violencia, estamos ante un tema complejo en el que influyen factores sociales y culturales difíciles de erradicar.

Y como en otros casos de violencia, también es necesaria una repulsa firme, unánime y sin fisuras de toda la sociedad, y desde luego no dar nunca sustento justificativo aludiendo a otras cuestiones como condiciones laborales, esperas o disconformidades varias que, relatadas en este contexto, más bien parecen atenuantes esgrimidas por el abogado del agresor.


(Publicado en Diario Sur el 27 de mayo de 2014)

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