Si nos buscamos en el listado de los veinticinco países más ricos del mundo no nos encontraremos. Nuestra tasa de desempleo es la más alta de Europa después de la de Portugal y nuestro coeficiente de desigualdad solo es superado por Lituania y Letonia. Los tres países europeos que tienen un menor gasto sanitario por habitante, incluso ajustándolo por riqueza y poder adquisitivo, son España, Portugal y Grecia.
Sin embargo, según los datos de la OCDE , la esperanza de vida a los sesenta y cinco años en nuestro país solo es superada por Japón. El Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington ha analizado las treinta principales causas de mortalidad en todo el mundo y entre los resultados destaca que Suecia, Italia y España son los países con menor mortalidad prematura. Bloomberg, la empresa norteamericana dedicada a software financieros, ha publicado en 2013 un informe sobre la eficiencia de los sistemas sanitarios, es decir, sobre los resultados obtenidos en relación con los recursos utilizados, y en los primeros cinco puestos están Hong Kong, Singapur, Japón, Israel y España.
En resumen, no somos ricos, tenemos paro y desigualdad, y destinamos poco dinero a la asistencia sanitaria comparado con otros países y, sin embargo, los indicadores que miden los resultados en salud de las últimas décadas son excelentes.
Si hacemos la misma observación en las distintas comunidades autónomas, podemos comprobar que en Andalucía se repite la misma disparidad entre los datos de los indicadores de salud por una parte y los niveles de riqueza, paro, desigualdad y dinero disponible por habitante para asistencia sanitaria por la otra.
Con las matemáticas en la mano, parece pues que tendríamos que estar orgullosos de haber construido entre todos un sistema sanitario como este, no exento de complejidad, sino al contrario, tremendamente complejo, pero con un diseño y una estructura, tanto clínica como de gestión, que ha permitido obtener de forma global mejores resultados que los que cabría esperar a tenor de los recursos de que disponemos y del nivel de desarrollo que tenemos como sociedad.
Pero nada más lejos de la realidad. Si consultamos la hemeroteca podemos comprobar que aunque el sistema sanitario público ha gozado del reconocimiento de los ciudadanos, también ha sido cuestionado continuamente por los más diversos motivos: expectativas sobre la salud y la enfermedad que realmente no se han cumplido, creencia en la superioridad de las leyes del libre mercado sobre la gestión pública, desacuerdo con el rumbo que han marcado muchas decisiones de gestión o, simplemente una variada casuística de agravios individuales.
La disminución de los presupuestos de los servicios públicos en estos años de crisis obviamente ha exacerbado este cuestionamiento del que no han estado ajenos una parte de sus propios trabajadores. Aunque es verdad que el intento de privatizar la gestión de la asistencia sanitaria en Madrid ha despertado una amplia contestación entre los sanitarios, también es cierto que algunos profesionales nunca se han sentido cómodos en el papel de asalariados de la administración, incluso diversas asociaciones profesionales siempre han estado planteando, más o menos abiertamente, enmiendas a la totalidad.
Desde Hipócrates hasta el siglo XX, la medicina funcionó mayoritariamente como una profesión liberal en la que el médico decidía lo que había que hacer con total autonomía para organizar su propio trabajo y para definir los límites y el contenido de su propia actuación. Con la consolidación de los sistemas sanitarios, es el Estado el que asume la responsabilidad de la salud de la población y el médico pasa a ser un asalariado que debe dar cuenta de sus actuaciones, ya que sus decisiones se sufragan con recursos públicos que se recaudan con los impuestos. Igual ocurre cuando el médico pasa a ser asalariado de compañías de seguros o de corporaciones privadas.
Este cambio ha tenido unas consecuencias trascendentales en la redefinición de las señas de identidad de las profesiones sanitarias en las que ya no encaja bien cierta visión de libertad absoluta de práctica clínica que aún perdura. La práctica profesional basada en la experiencia individual y en el “arte” del médico ha dado paso a un nuevo paradigma en el que las actuaciones deben estar sustentadas en una evidencia científica contrastada que debe ser evaluable.
Así que llegados a este punto, si realmente consideramos que el sistema sanitario es un logro social que hay que salvaguardar, no queda otro camino que seguir esforzándonos para actuar con rigor y con criterios profesionales en cada una de las miles de decisiones que cada día tomamos, ya sean clínicas o de gestión.
Pero como en tantas otras cuestiones, son los ciudadanos en su conjunto los que, desde su propia experiencia y su propia razón, deben decidir el futuro de los servicios públicos sabiendo que cada opción se fundamenta en diferentes valores éticos que también tienen distintas consecuencias económicas y sociales.
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